Precios de Transferencia en Private Equity: principales conclusiones de la encuesta global de KPMG sobre Precios de Transferencia
Temáticas: Capital Riesgo, Precios de Transferencia
Introducción
KPMG Luxemburgo ha publicado recientemente la segunda edición de su encuesta sobre Precios de Transferencia (“TP”) en el sector de gestión de activos. Esta segunda edición ha pasado de ser una iniciativa europea (primera edición publicada en febrero de 2024) a constituir un estudio de referencia global que abarca Europa, Norteamérica y otras regiones, con participantes principalmente entre gestores de activos globales y gestores integrados en bancos o grupos aseguradores.
La encuesta global aporta información y datos sobre cómo los gestores de activos abordan los TP, en particular en relación con la documentación de TP, las políticas y modelos de TP, y las auditorías y su resolución. Confirma que las políticas de TP y el enfoque de documentación observados en Europa pueden compararse de forma significativa, especialmente, con los de Norteamérica. Si bien las prácticas de auditoría y la intensidad de la fiscalización varían según la jurisdicción, las decisiones de política subyacentes y los enfoques de documentación presentan un elevado grado de convergencia.
A continuación, se presentan los principales resultados y sus implicaciones prácticas para los gestores de Private Equity y sus equipos financieros y fiscales.
Tamaño organizativo
Los participantes en la encuesta abarcan desde gestores de inversión de tamaño medio (con aproximadamente 20.000 millones de euros de activos bajo gestión – AUM) hasta grandes instituciones globales (con aproximadamente 2 billones de euros de AUM), incluyendo tanto gestores de activos independientes como unidades de negocio dentro de bancos o compañías de seguros. Es importante destacar que, aunque el nivel de gobernanza y de externalización puede variar a medida que aumenta el AUM, el tamaño no se traduce en enfoques de TP fundamentalmente distintos. En consecuencia, los gestores de menor tamaño no deberían asumir que las mejores prácticas o las expectativas de auditoría difieren de forma material en función del tamaño; los mismos principios de solidez de la política y calidad de la documentación se aplican a todo el espectro.
Políticas de TP
Alrededor del 80% de los participantes indican disponer de una política de TP formal (por escrito) para sus transacciones intragrupo, siendo práctica habitual revisar o reevaluar estas políticas al menos una vez cada tres años o cuando se produce algún acontecimiento relevante (como una reorganización o un cambio en el modelo de negocio).
Omitir una revisión anual de las políticas de TP es relativamente frecuente; sin embargo, es práctica de mercado que la mayoría de los actores de Private Equity cuenten con políticas claramente definidas que acrediten una adecuada gobernanza.
Expectativas de documentación
La documentación de TP puede adoptar distintas formas: un Local File formal (conforme a las Directrices de la OCDE) que cubra las principales transacciones intragrupo, o un informe transaccional relativo a una única transacción intragrupo. La encuesta revela que el 84% de los participantes prepara documentación de TP en alguna forma, por lo que el mercado está, en general, preparado para proporcionarla de manera ágil a las autoridades fiscales. La documentación contemporánea se considera ahora un estándar esperado; los grupos que carecen totalmente de documentación son considerados casos atípicos.
En el caso de los actores de Private Equity, cabe diferenciar entre el segmento corporativo y el segmento de fondos (deal segment). Con frecuencia se preparan Local Files formales para las transacciones realizadas en el ámbito corporativo del grupo, mientras que en el segmento de inversiones se sigue un enfoque transaccional, documentando a menudo los préstamos intragrupo de forma individual.
Casi el 90% de los participantes confirmaron la existencia de contratos intragrupo para todas las transacciones intragrupo —un incremento respecto de la edición anterior—, lo que pone de manifiesto la atención tanto a la existencia de documentación legal como a la alineación de los términos y condiciones con los estándares de mercado.
Auditorías de TP
Casi el 60% de los participantes han sido objeto de una auditoría de TP en los últimos cinco años en Europa (6 puntos porcentuales más que en la primera edición de la encuesta de TP). La financiación, la gestión de cartera y la relación con inversores/captación de capital constituyen los principales focos de auditoría en Private Equity.
Aproximadamente la mitad de las auditorías de TP se refiere a transacciones de financiación, con especial atención al carácter de plena competencia del tipo de interés, pero también a la capacidad de endeudamiento de la entidad prestataria, una tendencia que sigue aumentando.
Las autoridades fiscales analizan cada vez con mayor detalle dónde se encuentran los miembros del comité de inversiones y los altos ejecutivos, cómo se diseñan los esquemas de incentivos y bonus y si los principales responsables de la toma de decisiones —en particular aquellos con retribución variable vinculada al rendimiento del fondo— están efectivamente radicados en una jurisdicción que pueda considerarse como generadora de valor significativo. Si las estructuras de remuneración o la asignación formal de derechos de decisión ponen de manifiesto que una persona en una determinada jurisdicción desempeña funciones críticas (selección de inversiones, seguimiento o decisiones de desinversión), las autoridades esperan que una mayor proporción de beneficios se atribuya a dicha jurisdicción. La documentación clara de las funciones, de los procesos de toma de decisiones y de la organización de la actividad es clave para respaldar la posición de TP del grupo y reducir el riesgo de reclasificación.
En torno al 60% de las auditorías de TP recogidas en la encuesta concluyeron mediante un acuerdo transaccional (settlement) en menos de dos años desde la primera solicitud de información. Este tipo de acuerdos se adoptan con frecuencia como decisiones comerciales motivadas por consideraciones de coste, rapidez y condicionantes operativos, como desinversiones de activos u operaciones en curso.
En aproximadamente un 9% de los casos auditados se informó de la apertura de procedimientos penales. Estos procedimientos se utilizan en ocasiones como mecanismo de presión para acelerar el acuerdo de resolución y pueden afectar tanto a personas físicas como a entidades —especialmente cuando convergen cuestiones de gobernanza y responsabilidad de administradores—. La implicación para los gestores y los consejos de administración es clara: una documentación sólida y una gobernanza robusta mitigan, pero no eliminan, el riesgo de escalada a procedimientos penales.
“Las autoridades fiscales analizan cada vez con mayor detalle dónde se encuentran los miembros del comité de inversiones y los altos ejecutivos, cómo se diseñan los esquemas de incentivos y bonus y si los principales responsables de la toma de decisiones —en particular aquellos con retribución variable vinculada al rendimiento del fondo— están efectivamente radicados en una jurisdicción que pueda considerarse como generadora de valor significativo.”
MAP y APAs bilaterales
Se ha observado un incremento notable en el uso de los Procedimientos de Acuerdo Mutuo (“MAP”, por sus siglas en inglés) por parte de los grupos para resolver disputas de TP derivadas de auditorías, especialmente cuando se cuestionan la asignación del beneficio residual, los mecanismos de reparto de comisiones entre jurisdicciones y el método de TP utilizado para las actividades de gestión de cartera o de distribución. Luxemburgo ha emergido como un centro clave en estas discusiones de MAP, dada su función como jurisdicción de fondos y de gestión, la concentración de gestores de fondos de inversión alternativos (“AIFMs”) y su amplia red de convenios para evitar la doble imposición.
En paralelo a la actividad de MAP, se utilizan Acuerdos Previos de Precios (“APAs”) bilaterales (“BAPAs”) para obtener certidumbre prospectiva sobre la selección del método (por ejemplo, validar un método de reparto de beneficios o de comisiones ligado a las comisiones totales de gestión de activos) y sobre la atribución de funciones de gestión de cartera y los beneficios residuales relacionados. Dada la complejidad técnica y las sensibilidades transfronterizas en el ámbito de Private Equity, junto con una directiva de la UE que refuerza la resolución de controversias en materia de doble imposición, el uso de MAP (a veces seguido de BAPAs) se está consolidando como una herramienta cada vez más relevante de resolución de disputas y de obtención de seguridad, que permite alinear la asignación de valor con el lugar en el que se demuestra que se toman las decisiones clave generadoras de valor.
Políticas de TP y selección del método
El método de coste incrementado (cost plus) sigue siendo ampliamente utilizado para funciones de back office y servicios de apoyo rutinarios. No obstante, el método cost plus está sometido a un escrutinio creciente cuando las funciones contribuyen de forma material a la creación de valor; por ejemplo, la gestión de cartera, los servicios de asesoramiento de inversión transfronterizo y las actividades de distribución/captación de capital, donde más de la mitad de los participantes señalaron el uso de métodos de reparto de beneficios o de comisiones.
En el ámbito de las inversiones alternativas, se observa una tendencia clara de los AIFMs a abandonar los modelos de cost plus, reteniendo en su lugar un porcentaje de la comisión total de gestión de activos (o aplicando métodos de reparto de beneficios/comisiones), de forma que la remuneración se alinee más estrechamente con el rendimiento del fondo y el valor generado.
Conclusión
La encuesta de TP de KPMG pone de manifiesto una convergencia: las firmas de todo el mundo se enfrentan a presiones similares en materia de precios de transferencia y a trade-offs comparables. Para los gestores de Private Equity, la cuestión ya no es si necesitan una política de TP, sino si su documentación y su gobernanza son lo suficientemente robustas para el entorno actual de auditoría.
Algunas acciones prácticas para gestores de Private Equity:
- Asegurar la existencia de una política de TP debidamente documentada y mantener un calendario de revisión igualmente documentado.
- Reforzar o implantar un marco de gobernanza de TP que incorpore criterios de decisión comerciales (coste, plazos, desinversiones de activos) y formalizar procesos de recopilación, almacenamiento y recuperación de datos de TP y de la evidencia de soporte en caso de auditoría de TP.
- Preparar documentación de TP contemporánea y proporcional al tamaño y perfil de riesgo de las transacciones. Llevar a cabo una evaluación de riesgos para determinar si es recomendable preparar Local Files formales en determinadas jurisdicciones (por ejemplo, con fines de protección frente a sanciones).
- Reevaluar la selección de métodos para funciones generadoras de valor y considerar enfoques de reparto de beneficios/comisiones cuando la toma de decisiones y los retornos económicos se comparten entre distintas jurisdicciones.
Autores
Sophie Boulanger
Partner, Head of Transfer Pricing
KPMG
