Entre la simplificación y el endurecimiento de las normas: la incierta evolución del paradigma regulatorio ESG
Temáticas: Finanzas Sostenibles
Introducción: la UE como un ambicioso hub de inversión sostenible
Con el lanzamiento del Pacto Verde Europeo en 2019, la Unión Europea (UE) reafirmó su compromiso de abordar el cambio climático y promover la sostenibilidad. Desde entonces, la UE ha estado a la vanguardia de la innovación regulatoria, esforzándose por crear un marco sólido que equilibre el crecimiento económico con la sostenibilidad.
En este contexto, las inversiones sostenibles han experimentado un aumento significativo, con un crecimiento notable en los fondos catalogados como sostenibles y en aquellos cuyos nombres incluyen términos relacionados con medio ambiente, sociedad y gobernanza (ESG). Luxemburgo se ha consolidado como un centro clave para las finanzas sostenibles, atrayendo un gran interés e inversión en fondos e iniciativas con enfoque ESG. A finales de 2023, Europa representaba el 85% de los activos netos mundiales en fondos sostenibles, alcanzando los 2,2 billones de euros, con el 34% domiciliado en Luxemburgo. [1]
Aunque el panorama legislativo fomentó la concienciación sobre la sostenibilidad en el ámbito empresarial, el sector financiero está marcado hoy por una gran cantidad de normativas, como el Reglamento sobre Divulgación de Información Financiera Sostenible (SFDR), la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Empresarial (CSRD) y el Reglamento sobre Taxonomía de la UE (EU Taxonomy), cada uno con su propio conjunto de complejidades y fechas de aplicación. El SFDR, por ejemplo, pretende aumentar la transparencia en los mercados financieros exigiendo a los gestores de fondos de inversión (GFI) que informen de cómo integran los riesgos y oportunidades de sostenibilidad en sus procesos de inversión. Paralelamente, la Taxonomía de la UE establece un sistema de clasificación de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental y requisitos de transparencia para grandes empresas y bancos, y la Directiva sobre requisitos comunes de información pretende mejorar y normalizar la información y la concienciación en materia de sostenibilidad en toda la UE.
Estas complejas normativas y su utilidad deben medirse con la creciente necesidad de impulsar la competitividad de la UE y hacer que su economía prospere, como destaca el informe Draghi. Dado que las empresas de la UE se enfrentan tanto a una mayor competencia del exterior como a un menor acceso a los mercados extranjeros, la simplificación de la normativa se perfila como clave para fomentar el crecimiento económico y la innovación.
No obstante, este impulso de simplificación se contradice con el compromiso inquebrantable de la UE con sus ambiciones de sostenibilidad. Los reguladores dan cada vez más prioridad a la supervisión de las inversiones sostenibles, y la introducción de sanciones marca el inicio de una era de aplicación más estricta. Este doble enfoque pone de relieve la paradoja que subyace en el panorama normativo actual: la necesidad de simplificar la normativa para mejorar la competitividad económica y, al mismo tiempo, garantizar el estricto cumplimiento de los principios ESG para defender los objetivos de sostenibilidad de la UE.
A medida que la UE navega por este complejo terreno normativo, el reto consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre la simplificación y una aplicación rigurosa. Este artículo explora la paradoja entre la iniciativa de la Directiva Ómnibus, cuyo objetivo es simplificar la normativa (I), y el compromiso de los reguladores de hacer cumplir estrictamente las normas existentes para promover una economía sostenible (II), lo que explica el debate actual y la mayor incertidumbre en torno al marco regulador ESG (III).
I. “Competitividad sostenible” o el giro del marco regulatorio hacia una mayor simplificación
El 26 de febrero de 2025, la Comisión Europea (CE) presentó el Paquete OMNIBUS2, una serie de propuestas destinadas a simplificar las normas de la UE sobre informes de sostenibilidad y diligencia debida. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de la CE para mejorar la competitividad de la UE mediante la reducción de cargas regulatorias sobre las empresas europeas. El Paquete OMNIBUS introduce cambios significativos en el marco regulador ESG.
Con este paquete, se reduce el ámbito de aplicación de la CSRD, limitándose a las empresas con más de 1.000 empleados y con una facturación superior a 50 millones de euros o un balance general superior a 25 millones de euros, excluyendo así al 80% de las empresas actualmente incluidas. Además, se reducirá el número de puntos de datos exigidos en las ESRS (Normas Europeas de Información de Sostenibilidad) y se introducirá un estándar de reporte voluntario. Las empresas fuera del nuevo alcance podrán reportar voluntariamente utilizando las ESRS actualizadas o el nuevo estándar.
En cuanto a la Taxonomía de la UE, el Paquete Ómnibus introduce un régimen de «inclusión voluntaria» para las empresas más pequeñas (menos de 1.000 empleados o un volumen de negocios neto inferior a 450 millones de euros) y simplifica las plantillas de presentación de informes, eliminando requisitos detallados y ofreciendo un enfoque combinado para la presentación de informes DNSH. Por último, la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas, que entrará en vigor en julio de 2024, reducirá la complejidad al eliminar el requisito del plan de transición de mitigación del cambio climático y aligerar el régimen de sanciones para garantizar una aplicación equitativa en toda la UE.
Como parte del Paquete OMNIBUS, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron respectivamente la denominada directiva “Stop-the-clock”, que debe ser transpuesta por los Estados miembros antes del 31 de diciembre de 2025. Esta directiva tiene como objetivo posponer: (i) por dos años, la entrada en vigor de los requisitos de la CSRD para grandes empresas que aún no hayan comenzado a reportar, y (ii) por un año, el plazo de transposición y la primera fase de aplicación (que incluye a las empresas más grandes) de la CSDDD.
Paralelamente a las evoluciones del Paquete OMNIBUS, la CE ha estado trabajando, desde diciembre de 2022, en una reforma del SFDR, basándose en aportes del mercado, expertos e instituciones. Con el reciente lanzamiento de una consulta (Call for Evidence)3, la CE aclaró que dicha reforma seguiría la línea del Paquete OMNIBUS, confirmando que el objetivo principal es mejorar la eficacia del SFDR mediante la simplificación y racionalización de las normas, aliviando obligaciones complejas y gravosas.
No obstante, brindar mayor flexibilidad al marco de información sobre sostenibilidad no debe traducirse en un aumento del riesgo de greenwashing, lo cual comprometería la ambición ESG de la UE. En este sentido, los reguladores ya están actuando activamente y estableciendo expectativas claras sobre el nivel de transparencia requerido en materia de sostenibilidad en el sector financiero.
«En cuanto a la Taxonomía de la UE, el Paquete Ómnibus introduce un régimen de «inclusión voluntaria» para las empresas más pequeñas (menos de 1.000 empleados o un volumen de negocios neto inferior a 450 millones de euros) y simplifica las plantillas de presentación de informes, eliminando requisitos detallados y ofreciendo un enfoque combinado para la presentación de informes DNSH.»
II. El papel activo del regulador para mantener la ambición ESG y combatir el greenwashing
Con el rápido crecimiento del interés en las inversiones sostenibles, también ha aumentado el riesgo de greenwashing, es decir, cuando las entidades hacen afirmaciones engañosas sobre sus prácticas de sostenibilidad.
Dado que la integridad de los objetivos ESG es clave para la solidez del mercado y la protección de los inversores, en la UE se están introduciendo iniciativas para combatir el greenwashing. Reguladores como la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y las autoridades nacionales competentes (ANC) han estado a la vanguardia de este movimiento. Sus esfuerzos buscan garantizar que las declaraciones, afirmaciones, acciones o comunicaciones relacionadas con la sostenibilidad por parte de los participantes del mercado reflejen de manera clara y justa el perfil real de sostenibilidad de una entidad, producto financiero o servicio financiero. Esto es crucial para proteger a consumidores, inversores y demás participantes del mercado frente a afirmaciones falsas o exageradas.
En este contexto, las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) han desarrollado un entendimiento común y de alto nivel sobre el greenwashing, con el objetivo de introducir un enfoque armonizado para abordar estas conductas engañosas. Los reguladores han implementado diversas acciones de supervisión, entre ellas revisiones temáticas, inspecciones in situ y el desarrollo de herramientas digitales avanzadas para monitorear y analizar grandes conjuntos de datos relevantes desde el punto de vista regulatorio. Por ejemplo, ESMA ha lanzado Acciones Comunes de Supervisión para evaluar el cumplimiento de los requisitos de divulgación relacionados con la sostenibilidad y la integración de riesgos de sostenibilidad en diversos sectores, como la gestión de inversiones y la administración de índices de referencia. Las ANC también han llevado a cabo inspecciones temáticas a varias sociedades gestoras de fondos de inversión (IFM). En este contexto, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) publicó en junio de 2023 una revisión temática con expectativas de supervisión y mejores prácticas. De forma similar, la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca publicó en marzo de 2024 comunicados individuales dirigidos a tres IFM, señalando deficiencias significativas en sus procesos y una incorporación insuficiente de los requisitos del SFDR en los procesos de inversión.
Un ejemplo destacado del endurecimiento de la aplicación normativa es la sanción impuesta por la CSSF en octubre de 2024 a una IFM luxemburguesa por incumplimiento de obligaciones profesionales relacionadas con la gobernanza interna y las divulgaciones de sostenibilidad. La multa, de 56.500 euros, fue consecuencia de una inspección temática in situ centrada en aspectos ESG, durante la cual la CSSF detectó incumplimientos persistentes en el marco de gobernanza interna de la IFM y discrepancias con la estrategia de inversión descrita en las divulgaciones precontractuales.
Además, los reguladores han sido proactivos emitiendo guías y declaraciones para clarificar expectativas y fomentar la convergencia de las prácticas de supervisión. Por ejemplo, la declaración de ESMA sobre divulgaciones de sostenibilidad en folletos proporciona orientación sobre el nivel esperado de información para los bonos vinculados a sostenibilidad y los bonos con destino específico (“use of proceeds”). Asimismo, ESMA publicó las esperadas directrices sobre el uso de términos ESG o de sostenibilidad en los nombres de los fondos, condicionando el uso de dichos términos al contenido específico de la cartera del fondo.
El aumento de inspecciones y acciones de cumplimiento demuestra el compromiso de los reguladores para preservar la integridad de las divulgaciones ESG y actuar de forma decidida contra el greenwashing. Este compromiso no se espera que disminuya, incluso con la simplificación de las normas de información sobre sostenibilidad.
III. Conclusión: el debatido futuro del marco regulador de las finanzas sostenibles
La implementación de la directiva “Stop-the-clock”, junto con las revisiones anticipadas del SFDR y los cambios introducidos por el Paquete OMNIBUS, marca el inicio de una fase de incertidumbre regulatoria para las inversiones sostenibles. No obstante, se espera que estas modificaciones simplifiquen el marco regulador actual, aliviando las obligaciones de transparencia para los participantes del mercado y facilitando el cumplimiento de los mandatos de información en sostenibilidad.
Pese al impulso hacia la simplificación, se está poniendo un énfasis creciente en garantizar la correcta implementación de estas normativas. El papel activo de los reguladores en la aplicación de las normas ESG y la lucha contra el greenwashing es esencial para mantener la credibilidad y ambición de las finanzas sostenibles. A través de acciones de supervisión reforzadas, directrices claras y una aplicación decidida, los reguladores trabajan para asegurar que los participantes del mercado proporcionen información precisa y transparente relacionada con la sostenibilidad.
En este contexto, académicos e instituciones recuerdan la importancia de las consideraciones ESG en el sector financiero, advirtiendo sobre los riesgos de reducir los puntos de datos y acotar el ámbito de empresas obligadas a reportar sobre sostenibilidad. Entre otros, el Banco Central Europeo (BCE) ha emitido un importante comunicado4 sobre el Paquete OMNIBUS, manifestando su preocupación de que limitar el número de empresas sujetas a la CSRD pueda comprometer la estabilidad financiera y dificultar el progreso hacia los objetivos climáticos de la UE. Además, la reducción de datos comparables en el sector financiero también podría retrasar la integración de los riesgos climáticos en la gobernanza corporativa.
«La implementación de la directiva “Stop-the-clock”, junto con las revisiones anticipadas del SFDR y los cambios introducidos por el Paquete OMNIBUS, marca el inicio de una fase de incertidumbre regulatoria para las inversiones sostenibles. No obstante, se espera que estas modificaciones simplifiquen el marco regulador actual, aliviando las obligaciones de transparencia para los participantes del mercado y facilitando el cumplimiento de los mandatos de información en sostenibilidad.»
A medida que la UE navega el complejo desafío de equilibrar prioridades políticas y económicas cambiantes, los esfuerzos por combatir el greenwashing y promover la transparencia en las afirmaciones de sostenibilidad seguirán siendo un eje central. Incluso con marcos regulatorios más simples para reducir cargas administrativas, los reguladores siguen comprometidos con los objetivos de sostenibilidad de la UE, fomentando un entorno más favorable para las finanzas sostenibles y protegiendo los intereses de todos los actores involucrados.
[1] ALFI, European Sustainable Investment Funds Study 2024.
[2] Commission simplifies rules on sustainability and EU investments
Autores
Julie Pelcé
Senior Associate, ESG Specialist
CMS Luxembourg
